El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en Baja California no ha fijado fecha para celebrar audiencia inicial contra funcionarios y ex funcionarios del Instituto Estatal Electoral imputados por su presunta responsabilidad en delitos electorales, con todo y que desde el 25 de noviembre de 2022, la agente del Ministerio Público Liliana de Jesús Castro González, hizo la solicitud para que se llevara a cabo la sesión.

A los señalados se les atribuye haber incurrido en el delito de “abstención de cumplir sin causa justificada con las obligaciones propias de su cargo” y, en un caso particular, “alteración de documentos públicos electorales”.

Se trata de “los C.C. Graciela Amezola Canseco, Perla Deborah Esquivel Barrón, Olga Viridiana Maciel Sánchez, Raúl Guzmán Gómez, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, Luis Alberto Hernández Morales, Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Jorge Alberto Aranda Miranda, Daniel García García”.

El 11 de enero, la agente del Ministerio Público titular de la Unidad Especializada en Delitos Electorales de la FEPADE, giró un oficio al administrador judicial Marcos Pérez Núñez a efecto de insistirle que fijara fecha y hora de la audiencia solicitada.

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El 24 de ese mismo mes, la titular de la FEPADE, Marina Ceja Díaz, presentó queja administrativa contra el administrador judicial del Consejo de la Judicatura y otros servidores públicos adscritos a ese órgano auxiliar, por su presunta responsabilidad en “hechos y omisiones que causan serios perjuicios y afectaciones a la correcta procuración e impartición de justicia”.

Recalcó que la audiencia debió haberse celebrado “dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud” y consideró que las “conductas pasivas y sospechosas” del personal del Consejo de la Judicatura, daban pie a considerar que se estaba “retrasando y entorpeciendo dolosamente la procuración y administración de justicia”, concediendo “ventaja indebida a los imputados, como lo es el propiciar que no comparezcan a la audiencia inicial de formulación de imputación”.

IEE PRESENTÓ “UN PROYECTO ERRÓNEO”

La carpeta de investigación a cargo de la FEPADE (en contra de los funcionarios y ex funcionarios del IEE) se abrió una vez que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California le dio vista de la revocación de un punto de acuerdo con el que el Instituto Estatal Electoral había resuelto la planilla del Partido Encuentro Solidario para el Ayuntamiento de Mexicali (en conjunto con el resto de planillas del PESBC), en la que Irán Yuliana Leyzaola Osorio aparecía como candidata a la primera regiduría, durante el proceso local 2020-2021.

La consabida revocación procedió a partir de que Adriana López Quintero alegó que el punto de acuerdo no era acorde al proyecto de acuerdo, en el cual ella había aparecido como candidata para la primera regiduría.

“De haber existido un cambio en el proyecto de acuerdo, se hubiese ordenado un engrose, lo cual no quedó probado. Por lo anterior, es concluyente que el acuerdo impugnado no guarda proporción con lo que se sometió a consideración por el presidente al Pleno Consejo General (del IEE) el día de la sesión (vigésima quinta, celebrada el 18 de abril de 2021 y en la que se aprobó el proyecto de acuerdo)”, estableció el TJEE.

“Se razona que cuando un proyecto de acuerdo del Instituto Electoral se somete a la consideración del órgano superior de dirección (Consejo General) debe haber correspondencia entre éste y el acuerdo aprobado, lo cual en el caso no es así, pues existe una notoria diferencia entre ambos documentos”, advirtió el órgano jurisdiccional.

Consecuentemente, el Partido Encuentro Solidario e Irán Yuliana Leyzaola Osorio promovieron Juicio de Revisión Constitucional Electoral y juicio ciudadano respectivamente; en contra de lo que al respecto había resuelto el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. Ambos juicios fueron turnados a la ponencia de la magistrada de la Sala Regional Guadalajara Gabriela del Valle Pérez.

Con motivo de esos recursos, en el expediente que llevó la Sala Regional estableció entre otras cuestiones que la resolución impugnada (es decir la sentencia del TJEE) agraviaba al PES por modificar el orden de las personas propuestas por el partido y aprobadas por el OPLE; que si el Tribunal de Justicia Electoral hubiera analizado correctamente las constancias se hubiera percatado de que el IEE presentó un proyecto erróneo, el cual fue corregido al momento de emitirse el acuerdo 70 (punto con el que se resolvieron las planillas del PES); que tal error, el cual en un primer momento pasó inadvertido, fue aprovechado de manera dolosa por López Quintero.

Igualmente, que el actuar del Tribunal fue incorrecto, pues López Quintero nunca fue propuesta por el PES para la primera regiduría y ella en ningún momento firmó el formato A3 referente a la esa posición.

ENRIQUE ACOSTA NEGOCIÓ CON FUNCIONARIOS DEL IEE: IRÁN YULIANA LEYZAOLA

Irán Yuliana Leyzaola Osorio afirmó a ZETA que si Adriana López Quintero llegó a figurar como candidata a la primera regiduría en Mexicali fue porque su cónyuge, Enrique Acosta Fregoso, entró en negociaciones con los hoy imputados.

“Cambiaron la planilla y a mí me mandaron como suplente en la octava posición para que así, en dado caso de que perdiéramos no agarrara ningún lugar”, manifestó.

López Quintero “estaba como regidora por el PRI, creo en ese entonces”, de manera que “ellos ya tenían su planilla armada, ella se iba a salir del PRI (como muchos otros perfiles que migraron a Encuentro Solidario) e iba a ir como número uno de la del PES Mexicali; lo que no contaban es que ya había un arreglo de que a mí me iban a poner en la posición número uno; el acuerdo era que yo acá en Mexicali entraba en la uno y el hijo de Jorge Hank (Juan Carlos) en la número uno, pero de Tijuana”, aseveró.

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En el proceso local, el “líder moral” del PES (Jorge Hank) contendió por la gubernatura de Baja California e impulsó al padre de Irán Yuliana, Julián Leyzaola Pérez, como aspirante a la alcaldía de Tijuana (aunque en este caso la candidatura recayó en Ranier Falcón Martínez).

“Se me hace increíble que las personas que cambiaron esa planilla (de munícipes para Mexicali) ahorita están compitiendo para un cargo, si ese tipo de corrupción había a ese nivel qué no van a hacer cuando estén en otro puesto”, refirió Irán Yuliana en alusión al presidente del IEE, Luis Alberto Hernández Morales, la consejera Olga Viridiana Maciel Sánchez, los ex consejeros Graciela Amezola Canseco y Daniel García García, así como el secretario ejecutivo Raúl Guzmán Gómez, quienes con el estatus de imputados se pronunciaron como aspirantes a cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y en el TJEE.

NO SE PUSO EN DUDA LEGALIDAD DE LA ELECCIÓN: HERNÁNDEZ MORALES

En cuanto a la carpeta de investigación judicializada por la titular de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el presidente del Consejo General del IEE, Luis Alberto Hernández Morales, no afirmó ni negó estar imputado.

En entrevista con ZETA, estableció que no hubo afectación o incidente que haya puesto en duda la legalidad y la legitimidad de la elección de 2021.

“En ese contexto, ese es un asunto que ya está cerrado, está concluido; las autoridades se integraron y todo está transcurriendo normalmente”, asentó.

Cuestionó que se esté manejando información del caso que lo involucra, justo cuando personas ligadas al IEE se pronunciaron por asumir como magistrado en el TJEE en correspondencia con la convocatoria aprobada por la Junta de Coordinación Política del Senado el 8 de febrero, y cuando él mismo se haya inscrito al proceso correspondiente para buscar un espacio en el Consejo General del INE.

“Muchas de estas actividades y diligencias se pueden realizar como un mecanismo de presión”, expresó.

Del delito por el que se resolvió la imputación dijo “desconozco” y se limitó a afirmar que la controversia deriva de un registro relativo a una planilla del PES. Aludió a la sentencia de la Sala Regional, en cuyo caso, expuso, ya estableció que lo que resolvió el Consejo General fue lo indicado.

Dijo saber que en la Fiscalía sigue abierto el expediente e insistió en que el Instituto actuó con apego a derecho.

Respecto a si se llegó a presentar a declarar ya sea como testigo o como imputado, respondió que “no”:

“Estas diligencias, el Código Nacional de Procedimientos precisamente para evitar que se den presiones indebidas establece que la declaración de los servidores públicos tendrá que darse de manera especial. Tienen que venir aquí a las oficinas y tu servidor, yo ya declaré como testigo; sin embargo, mientras no se den los citatorios en los términos que establece el Código de Procedimientos no se pueden atender”, argumentó.

Sobre si informó al INE de la carpeta de investigación, arguyó: “Esta información es del conocimiento público, entiendo que incluso ya subieron unas notas”.

A propósito de que Movimiento Ciudadano interpuso denuncia por las irregularidades atribuidas a personal del IEE, dijo entender que se trató de ese partido, por conducto de su representación ante el IEE (Salvador Miguel de Loera Guardado).

De los 80 reactivos en los que consistió el examen aplicado por el Comité Técnico de Evaluación a aspirantes a consejero del INE, Hernández Morales tuvo un resultado de 72.

“Como cualquier ciudadano que tiene derecho a participar en este proceso nosotros consideramos que lo que hemos realizado aquí en el Instituto Estatal cumple con las expectativas de quienes compiten por el Poder público y lo que estamos haciendo es participar en este concurso abierto”, concluyó en referencia a sus motivaciones de asumir un lugar en el Consejo General del INE.

El representante de Movimiento Ciudadano ante el IEE, Salvador de Miguel de Loera Guardado, cuestionó que el Poder Judicial del Estado aún no haya fijado “fecha de audiencia formal de imputación”. Sugirió que el “presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (Alejandro Isaac Fragoso López) está protegiendo a los consejeros electorales imputados”.

De Loera Guardado, recalcó vía telefónica que “no debe perderse de vista que es de explorado derecho que el procedimiento penal es completamente independiente, autónomo, distinto al procedimiento netamente electoral”, de tal suerte que “independientemente de que el proceso electoral haya concluido, esto en manera alguna influye o afecta el procedimiento penal”. De ahí que manifestara que “el mismo debe continuar por todas sus fases”.

Indicó que desde la óptica de MC uno de los consejeros imputados “no tuvo relación con los hechos denunciados”, toda vez que “no estuvo presente al momento de votar el punto de acuerdo presentado por el consejero presidente”. De cualquier forma, “esto le corresponderá a la autoridad jurisdiccional determinarlo”, mencionó.

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Señaló que aun cuando Hernández Morales tuvo una vía para declarar, se abstuvo de hacerlo: “el personal de FEPADE en todo momento le solicitó información que apoyar al esclarecimiento de los hechos motivo de la denuncia, pidiendo su colaboración al respecto, negándose éste a hacerlo, lo que consta en la carpeta de investigación”.

Del hecho de que el consejero presidente haya calificado como mecanismo de presión la ventilación del caso, el representante partidista finalmente observó: “Consideramos poco profesional que el imputado pretenda construir una narrativa con argumentos artificiales, en la cual se está victimizando al considerar que a partir de una supuesta aspiración por ser Consejero del INE se le esté perjudicando, cuando desde el día 11 del mes de noviembre de 2022 ya se le había notificado el cambio de situación jurídica de testigo a imputado y posteriormente se judicializó la carpeta de investigación; es decir, meses antes de que se publicara la convocatoria para el cargo al cual supuestamente aspira”.

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