La Moncloa. 14/03/2023. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Referencias]

2023-03-23 15:40:07 By : Ms. Caney Huang

Bruselas, 8:30 | Pedro Sánchez mantiene un desayuno de trabajo con el primer ministro de Bélgica Ver agenda

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, consensuada con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas.

Esta hoja de ruta para el desarrollo y mejora de las políticas públicas de prevención de riesgos laborales en los próximos años es el decimoséptimo acuerdo con diálogo social.

En consonancia con las disposiciones internacionales y europeas, la Estrategia se ha diseñado con el objetivo de conseguir el mayor impacto posible en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y con la determinación de reducir la siniestralidad laboral, pero también procurando anticiparse a las posibles amenazas y riesgos para la salud de las personas trabajadores que surgen ante un mundo laboral cambiante.

Cuenta, además, con un enfoque integral en que la protección física y la mental se sitúan al mismo nivel. Por primera vez la salud mental constituye un lugar prioritario en la estrategia, como también lo es apoyar a las pequeñas empresas en la gestión preventiva o elevar el nivel de protección de los colectivos vulnerables, entre otros.

Con ese fin, la Estrategia ha sido configurada en torno a seis objetivos estratégicos:

Estos objetivos para procurar entornos de trabajo seguros y saludables, que contribuyan positivamente a la salud de las personas trabajadoras y al progreso de las empresas, se desarrollan de forma práctica en un total 33 líneas de actuación entre las que destacan acciones como la creación de la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional, que permitirá avanzar en la mejora de identificación de enfermedades profesionales. De esto modo se podrá adaptar la normativa a la vez que mejorar la detección temprana y prevención de las enfermedades.

En el mundo laboral tiene especial incidencia el desarrollo tecnológico y en particular la digitalización, pero también los efectos cada vez más acusados del cambio climático, lo que obliga a la prevención de riesgos laborales a adaptar su normativa para identificar posibles carencias en la aplicabilidad de nuevos modelos de trabajo, así como para mejorar y controlar condiciones de trabajo en actividades más afectadas por los cambios medioambientales.

Asimismo, se incorpora la integración de la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva, a la vez que se refuerza la protección de las personas trabajadoras frente a riesgos psicosociales.

Se profundizará en el estudio de los colectivos de personas trabajadores que presenten los peores datos de seguridad y salud. De este modo se podrán analizar los factores que las hacen vulnerables e incorporar la prevención de riesgos laborales en otras políticas públicas.

La Estrategia pone el foco también en los trabajadores y trabajadoras del sector sociosanitario por formar parte de uno de los colectivos que corren mayor riesgo, como es el caso de las personas trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

En consonancia con el Convenio 189 de la OIT para mejorar la protección de las personas trabajadoras del servicio del hogar se van a llevar a cabo acciones que mejoren el conocimiento de patrones de siniestralidad y las patologías relacionadas con el trabajo. Asimismo, se van a elaborar unos criterios orientativos para la gestión de los riesgos en los servicios de asistencia a domicilio y personas trabajadoras del servicio del hogar, con especial atención en los aspectos ergonómicos y psicosociales.

A la hora de reducir la brecha de género también en mundo de la seguridad y salud en el trabajo, se precisa avanzar en el conocimiento de los riesgos y daños en la salud desde la perspectiva de género.

Existen determinadas ocupaciones o actividades en los que son las mujeres las que corren el riesgo de sufrir daños asociados a la actividad profesional. Es por ello que, para conseguir una integración de la perspectiva de género en la gestión preventiva, se va a incorporar esa perspectiva en los procesos de evaluación de riesgos y los estudios sobre las condiciones de seguridad laboral.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para el financiamiento de Programas y Proyectos de Cooperación y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.

El 14 de octubre de 1977, se firmó en Madrid el "Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos", con el fin de realizar programas y proyectos de cooperación científico-técnica y el intercambio de experiencias técnicas.

Posteriormente, el 25 de enero de 1996, se firmó en Madrid el "Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos" en el que se crea el "Fondo Mixto de cooperación técnica y científica México-España", y que será el instrumento de financiación de los programas y proyectos de cooperación entre ambos países, en las áreas mutuamente definidas como prioritarias.

El 9 de marzo de 2022, se firmó ad referéndum en México el "Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para el Financiamiento de programas y Proyectos de Cooperación", que sustituye al Acuerdo Complementario de 1996.

El 27 de septiembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó la firma ad referéndum y autorizó la aplicación provisional del Acuerdo Complementario Modificado.

Este Acuerdo Complementario Modificado tiene como objetivo la simplificación y flexibilización del Fondo Mixto, principal instrumento de cooperación bilateral técnica y científica con un país prioritario para la Cooperación Española, según su V Plan Director.

El Consejo de Estado, en su Dictamen de 3 de noviembre de 2022, dispuso que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Acuerdo Complementario, requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios necesarios para asegurar la celebración del IX Congreso Internacional de la Lengua Española en Cádiz, del 27 al 30 de marzo de 2023, por importe de 3.752.013,86 euros, IVA excluido.

En 2019, Arequipa fue designada sede del IX Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que debía celebrarse en 2022. Sin embargo, debido a dificultades asociadas a la pandemia de COVID-19 y ante la gravedad de los hechos registrados en Perú desde el 7 de diciembre de 2022, la reunión plenaria urgente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), celebrada el 21 de diciembre de 2022, aprobó proponer que el IX CILE se celebrase en Cádiz, España, entre los días 27 y 30 de marzo de 2023.

Esta decisión fue confirmada por todas las partes en la Declaración Institucional firmada en Madrid el 20 de enero de 2023 por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el director del Instituto Cervantes, el director de la Real Academia Española y el alcalde de Cádiz.

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco para el suministro de gas natural para el Ministerio de Defensa en territorio nacional. El Plan Anual de Contratación Centralizada del Ministerio de Defensa para 2023, establece, que el suministro de gas natural en territorio nacional es una categoría centralizada en el ámbito del Ministerio de Defensa.

El suministro de gas natural es esencial para el Ministerio de Defensa al ser necesario para obtener, entre otros, agua caliente sanitaria y calefacción en determinadas instalaciones del Ministerio de Defensa. Actualmente este Ministerio cuenta con aproximadamente 600 puntos de suministro.

La duración de este acuerdo marco es de veinticuatro meses teniendo un valor estimado de 73.115.106,99 €.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de prorrogar el marco de prestación del servicio público de noticias de titularidad estatal encomendado a la Agencia EFE, S.M.E., S.A.U.

Por Real Decreto 1463/2018, de 21 de diciembre, se desarrollan las obligaciones asociadas a la función de servicio público de noticias de titularidad estatal encomendado a la Agencia EFE, S.M.E., S.A.U., y su compensación económica. En concreto, dicha norma establece que el Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, adoptará sucesivos marcos bienales de prestación del servicio público encomendado.

Cada marco bienal quedará automáticamente prorrogado a su vencimiento hasta la adopción del siguiente marco, en las condiciones aplicables al último de sus ejercicios.

El 26 de abril de 2019 se aprobó en Consejo de Ministros el marco de prestación de servicio público de noticias de titularidad estatal encomendado a la Agencia E.F.E., S.M.E., S.A.U correspondiente al periodo 2019-2020, quedando fijado el período de vigencia desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.

En la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 30 de junio de 2020, se aprobó el acuerdo por el que se modifica el marco de prestación de servicio público de noticias de titularidad estatal encomendado a la Agencia EFE, correspondiente al periodo 2019-2020, modificando el apartado 6 del citado en los siguientes términos:

"La compensación anual por servicio público establecida en el artículo 4 del Real Decreto 1463/2018 tendrá un límite máximo de 53.900.000 euros para el primer año del periodo de vigencia del presente Marco de prestación y de 53.900.000 euros para el segundo año. Las entregas a cuenta no podrán superar la cantidad de 51.000.000 euros en el primer ejercicio, y de 48.100.000 euros en el segundo ejercicio".

Al vencimiento del marco correspondiente al periodo 2019-2020, ante la no negociación de un nuevo Marco, se produjo la prórroga automática.

Por otro lado, durante la prórroga de dos años, que finalizó el 31 de diciembre de 2022, no fue posible aprobar la modificación del marco bianual en la que se venía trabajando, por lo que opera nuevamente el mecanismo de la prórroga automática previsto en el citado Real Decreto 1463/2018.

De esta forma, debe prorrogarse el marco de prestación del servicio público de noticias de titularidad estatal 2019-2020 con efectos desde el 1 de enero de 2023, durante 2023 y 2024 o hasta la aprobación del nuevo marco por el Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil para esclarecer sus causas y evitar su recurrencia, proponiendo recomendaciones que mejoren la seguridad.

El Proyecto de Ley será remitido a las Cortes Generales para su aprobación como Ley por el procedimiento de urgencia. Posteriormente, se tramitará la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del Estatuto Orgánico de la Autoridad con el fin de que pueda entrar en funcionamiento esta Legislatura.

La Autoridad ejercerá las funciones que actualmente desarrollan las tres Comisiones existentes para la investigación de accidentes e incidentes, que están adscritas orgánicamente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) en régimen de independencia funcional: la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Comisión Permanente de Investigación de accidentes e incidentes marítimos (CIAIM) y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación civil (CIAIAC). Así, las investigaciones en curso continuarán su tramitación, sin que haya una paralización de estas. En este sentido, se fija un periodo transitorio entre la aprobación de la Ley y la constitución efectiva de la Autoridad Independiente en el que las Comisiones actuales continuarán desarrollando sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en la misma.

El objetivo es reforzar la independencia del organismo de investigación, ya que, a la independencia funcional actual, se sumarán la orgánica, al poseer personalidad jurídica diferenciada, y la financiera, ya que obtendrá sus ingresos a través de la participación en la recaudación de determinadas tasas:

De acuerdo con el derecho comunitario y con las normas internacionales, los organismos de investigación de accidentes deben ser independientes funcionalmente de cualquier agente que pueda ser objeto de investigación.

En este sentido, cabe destacar que la figura de la Autoridad Administrativa Independiente es la de mayor grado de independencia del poder ejecutivo que existe en nuestro derecho administrativo y es la que tienen, por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la Agencia Española de Protección de Datos.

El Consejo será el máximo órgano de gobierno de la Autoridad, al que corresponderá la aprobación de los informes finales de investigación, y estará formado por un presidente y seis consejeros. La persona que ostente la presidencia tendrá rango de subsecretario y los consejeros y consejeras tendrán la condición de alto cargo de la Administración General del Estado.

Los miembros del Consejo serán nombrados por Real Decreto, a propuesta de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional en el ámbito de actuación de la Autoridad. Así, dos de los consejeros deben ser expertos en el sector marítimo, dos en el aéreo y otros dos en el ferroviario.

El nombramiento del presidente deberá contar con la conformidad de la Comisión competente del Congreso de los Diputados. En el caso de los consejeros o consejeras, dicha Comisión parlamentaria tendrá capacidad de veto.

Antes de realizar la propuesta, el Ministerio abrirá un período de consulta pública para que las entidades o instituciones con competencia en la materia presenten candidatos o candidatas. Las propuestas no tendrán carácter vinculante, pero serán tomadas en consideración para efectuar la selección.

El mandato de los miembros del Consejo será de seis años, sin posibilidad de reelección, renovándose parcialmente cada tres años. Para realizar esta renovación parcial tras el nombramiento del primer Consejo, se ha establecido que en la sesión constitutiva de la Autoridad se llevará a cabo un sorteo que determinará los tres consejeros o consejeras cuyo mandato tendrá una duración de tres años en lugar de los seis previstos.

Los miembros del Consejo realizarán sus funciones con dedicación exclusiva, y estarán sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, que incluye que durante los dos años siguientes a su cese no podrán realizar actividad privada alguna relacionada con el ámbito de actuación de la Autoridad. Finalmente, se establecen unas causas tasadas de cese, para evitar que puedan ser cesados discrecionalmente.

Régimen de la investigación técnica

Partiendo de que la finalidad de la investigación técnica de los accidentes e incidentes es esclarecer sus causas, el Proyecto de Ley regula los accidentes e incidentes que deben ser investigados por la Autoridad, el procedimiento de investigación técnica, el régimen de la información de la investigación y las relaciones con otras instituciones, entre las que destacan las Cortes Generales, el Poder Judicial y las Autoridades de Investigación de otros países.

El régimen jurídico que se establece parte de los principios de transparencia y de participación de los interesados, sin perjuicio de la existencia de información reservada que debe ser protegida.

En ese sentido, se incluye un régimen de información específico para las víctimas, familiares y asociaciones de víctimas, que ven fortalecida su posición jurídica en el procedimiento respecto de la situación actual.

Además, se ha incorporado al Proyecto de Ley el principio de "cultura justa" en el marco de la investigación técnica de accidentes e incidentes en los modos de transporte, favoreciendo la protección de la información reservada y el respeto a los derechos de las personas que participen en el procedimiento de investigación.

Se determina también qué información tiene el carácter de reservado (declaraciones realizadas por personas a la Autoridad en curso de una investigación; la identidad de dichas personas; y cualquier información especialmente sensible como la relacionada con la salud), quedando obligada a dicha reserva cualquier persona que acceda a la información, bien por formar parte de la investigación, bien por tener relación con ella.

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del contrato de las obras de prolongación del dique de La Esfinge (4ª Fase). El presupuesto de la actuación asciende a los 30,9 millones (IVA no incluido) con una duración de 18 meses.

El proyecto, promovido por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, permitirá aumentar la capacidad de la línea de atraque, dando respuesta a la demanda de mayor oferta por parte de los operadores de tráficos de graneles líquidos ubicados en el puerto.

Además, se mejorarán las condiciones de abrigo de los muelles y atraques ubicados en la dársena de África, donde actualmente operan diversos tráficos, particularmente ro-ro (barcos de transporte de cargamento rodado), de tal manera que mejorará su operativa y seguridad en condiciones de climatología marina adversa.

Características de las obras

Las obras consistirán en la prolongación del actual dique de La Esfinge en dirección N-S en una longitud total de 238,5 metros. El dique presenta una tipología vertical y en su cara interior se ubicará un atraque de 25 metros de calado. Se realizará mediante 7 cajones de hormigón armado de 33,9 metros de eslora, 24 metros de manga y 28,5 metros de puntal, cimentados a la cota de -25,00 metros y coronados a la +3,5 metros.

Además, sobre los cajones se proyecta un espaldón de hormigón armado coronado a la cota de +12,7 metros que incluye una galería de servicios.

Con la ejecución de la obra, el puerto de La Luz podrá prestar servicios portuarios a buques tanques de productos petrolíferos de gran porte, tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), de tal forma que el puerto se erigirá en un hub (centro de operaciones) para el tráfico de este tipo de producto, mejorando la competitividad del puerto y potenciando los tráficos de tránsito marítimo y la actividad de suministro de combustible a los buques, denominada "bunkering".

El proyecto contará con 20,6 millones de euros de financiación europea a través del Connecting Europe Facility (CEF), que es un instrumento financiero de la UE para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, de la que forma parte el puerto de Las Palmas.

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en la provincia de Burgos, con un valor estimado de 97,82 millones de euros (IVA no incluido).

El contrato afecta a un total de 118,9 km, de los cuales 83,4 son de autopista/autovía, y tiene una duración de 3 años, con posibilidad de prórroga por otros 2. Se enmarca en el programa de conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), que permite mantener la vialidad en la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos.

El sector indicado es el nº 7, que incluye las siguientes carreteras:

Además, el contrato incluye varios puntos singulares, cómo los túneles de San Nicolas (AP-1), Barrio (AP-1), Hontoria (AP-1), Peña María (A-1) o Pancorbo (N-1).

El nuevo modelo de contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles, incluyendo actuaciones como: vigilancia y atención accidentes e incidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Además, en algunos contratos se incorporan proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía. En este contrato se incluyen los siguientes:

Rehabilitación del firme.

Modernización y mejora de sistemas de contención.

Modernización y mejora de la señalización vertical.

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de un contrato para la conservación y explotación de un sector de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en la provincia de Cádiz, con un valor estimado de 19,5 millones de euros (IVA no incluido).

La duración es de tres años, con posibilidad de una primera prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato, destinado al mantenimiento y conservación 138,6 km de carreteras, 43 km de los cuales, de autovías, se enmarca en el programa de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la RCE, asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Está previsto que ámbito del contrato alcance los 142,7 km de vías, teniendo en cuenta los tramos que entrarán en servicio a lo largo del periodo de vigencia.

Se actuará sobre el sector nº 2, que incluye las siguientes carreteras:

Se prevé que a lo largo de contrato se pongan en servicio los siguientes tramos, momento en el cual pasarán a considerarse como tramos principales:

Además, este contrato incorpora dos proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía:

Características del nuevo modelo de conservación

El nuevo modelo de contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Con este nuevo modelo se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

A continuación, se muestran algunas imágenes del sector y de los trabajos que se realizan con este tipo de contratos:

Reparación de acerado en N-357 p.k. 1

Reparación de barrera en A-7

Refuerzo de intradós de pilotes en túnel N-357 p.k. 0

Limpieza de deterioros de temporal en la N-351 p.k. 6

Reparación de semáforo en N-351; p.k. 5

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a 12 Centros de Innovación Digital dentro del Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH) financiado por los fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La cuantía total de las ayudas asciende a 15 millones de euros.

El objetivo del programa es la creación en España de una red de centros europeos de innovación digital para dotar a las pymes de las herramientas de digitalización avanzadas necesarias para hacer frente a los retos que se derivan de la transición digital. Estos programas van a contribuir a la digitalización de nuestras pymes, mejorando su competitividad y contribuyendo a la generación de empleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres.

Sobre los Centros de Innovación Digital

Los centros de innovación digital o digital innovation hubs (DIH) se conciben como "ventanillas únicas" a través de las cuales ofrecer la información, los servicios, y las instalaciones de experimentación que precisan las empresas para abordar con éxito sus procesos de transformación digital.

El Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH), promovido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, está dotado con 37,59 millones de euros y se plantea en el marco del Programa Europa Digital, que prevé durante su primer año de vigencia la creación de una red inicial de centros europeos de innovación digital (European Digital Innovation Hubs o EDIH).

La subvención se destinará a la financiación de actuaciones destinadas a:

Relación de beneficiarios y financiación máxima

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (SGIPYME) la concesión de una subvención nominativa a la Comunidad Autónoma de Valencia para el "Programa de apoyo público para el desarrollo de una fábrica de baterías" por importe de 90 millones de euros.

Las actuaciones objeto de la subvención serán proyectos de impulso a la competitividad industrial para la implantación y desarrollo de una fábrica de baterías, principalmente en los ámbitos de investigación industrial, desarrollo industrial y experimental, innovación de procesos y organizativa, mejora de la eficiencia energética, protección del medio ambiente, incluyendo la economía circular, y formación y recualificación de trabajadores. La ejecución de las actuaciones se realizará en el periodo 2023-2027.

Esta subvención se concede de forma directa atendiendo al carácter singular que tiene la implantación y desarrollo de una fábrica de baterías en la Comunidad Valenciana, un proyecto que va a permitir desarrollar una nueva cadena de valor industrial en territorio español que contribuya a nuestra autonomía industrial y al desarrollo del vehículo eléctrico.

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021 se declaró como primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE-VEC), con una inversión total de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una contribución del sector público de 4.295 millones de euros. El PERTE incluye una línea de ayudas para el impulso de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado que en su primera convocatoria ha financiado 10 proyectos por valor de 794 millones de euros.

La Comunidad Valenciana ha sido la tercera comunidad autónoma que más ayudas va a recibir de la línea de impulso del vehículo eléctrico con 186 millones de euros. Además, en el marco del programa MOVES III para promover adquisición de vehículos eléctricos y despliegue de infraestructura de recarga, el IDAE ha asignado a la Comunidad Valenciana más de 83,1 millones de euros.

El sector de automoción en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana posee una de las 17 plantas de producción de automóviles que hay en España con la instalación de Ford en Almussafes en los años 70. A día de hoy, el sector del automóvil representa en torno al 6% de la población activa de la Comunitat Valenciana con casi 30.000 empleos directos y cerca del 5% de este empleo es de "Alta Intensidad Tecnológica".

La industria de vehículos de motor y sus componentes genera en la Comunidad Valenciana un valor de 5.785 millones de euros que equivale al 14% del total de la industria valenciana. Es el 1º grupo de productos más exportado por la Comunidad Valenciana (14% de total) e importado (11% del total). Es la 5ª región española más exportadora de automóviles y componentes con 10% de la exportación de España.

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a efectuar la convocatoria 2023 del mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero por un importe de 244 millones de euros para los costes del año 2022.

La incertidumbre provocada por la guerra está generando tensiones en las cadenas de valor a nivel mundial y un encarecimiento de los precios energéticos que están afectado a la industria. Estas ayudas vienen a garantizar un precio de la energía competitivo y tienen además impactos positivos en la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático.

Estas ayudas muestran el compromiso del Gobierno con los sectores industriales electrointensivos y permiten mejorar su competitividad, reforzar sus capacidades industriales y el empleo.

Sobre el mecanismo de compensación de CO2

La Comisión Europea permite a cada Estado miembro compensar los costes indirectos de las industrias de determinados sectores o subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de "fuga de carbono", debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.

El importe final de la ayuda, para cada beneficiario, se calculará teniendo en cuenta la producción y consumo eléctrico reales del año 2022 incluyendo los aumentos de capacidad y las disminuciones de producción que hayan tenido lugar.

Otros instrumentos de apoyo a la industria electrointensiva

El Ministerio de Industria ha puesto en marcha nuevos instrumentos de apoyo a los sectores electrointensivos como el Mecanismo de compensación a los Consumidores Electrointensivos de los cargos por la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares, regulado en el Título III del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos. Desde su puesta en marcha se han concedido ayudas públicas por importe de 103.078.181 euros a un total de 662 instalaciones.

Además, en 2021 se lanzó un nuevo programa de coberturas para apoyar a las empresas consumidoras electrointensivas a acceder a la energía a través de contratos de compraventa a medio o largo plazo (PPAs). La cobertura de CESCE cubre el riesgo de impago del PPA por parte del comprador de energía. A lo largo de 2022 se han analizado y aprobado las tres primeras solicitudes.

Finalmente, los sectores electrointensivos se están beneficiando de un conjunto de medidas que forman parte de los distintos paquetes de ayuda para amortiguar el impacto de la guerra en Ucrania, entre las que destacan las siguientes:

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifica el anexo del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, que recoge las actividades incluidas en la línea de ayudas para la compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural durante 2022.

El Gobierno autorizó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que articule una línea de ayudas de 450 millones de euros para la industria gasintensiva. El programa de ayudas se articulará mediante la correspondiente orden de bases y la posterior orden de convocatoria.

Se prevén dos posibilidades de ayuda coherentes con el Marco Temporal de Crisis relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia: una ayuda por el 50% de los costes subvencionables hasta un máximo de 4 millones de euros por grupo empresarial para todo el ámbito temporal de aplicación, o bien una ayuda por el 40% de los costes subvencionables hasta un máximo de 25 millones de euros para todo el ámbito temporal de aplicación, siempre que el beneficiario demuestre que su EBITDA se ha reducido en un 30% o más con relación a la situación previa a la invasión de Ucrania.

Las actividades incluidas en la línea de ayudas abarcan sectores como la cerámica, azulejos, papel, vidrio, hierro, acero, aluminio, fibras sintéticas y productos alimenticios, fibras artificiales y sintéticas, entre otros. A continuación, se muestra el nuevo listado de actividades económicas que serán beneficiarias de la línea de ayudas:

Otras medidas de apoyo a los sectores gasintensivos

En el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania se aprobó también para las industrias gasintensivas una línea específica, con una dotación de 500 millones de euros, dentro de la Línea de Avales de Ucrania gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con la que las empresas gasintensivas dispondrán de préstamos con un aval de hasta el 90% para mitigar sus actuales problemas de liquidez. Esta línea ya está disponible para las empresas que lo necesiten.

Además, se aprobó la puesta en marcha del nuevo PERTE de Descarbonización de la Industria con una dotación de 3.100 millones de euros de ayuda pública para avanzar en la descarbonización y eficiencia energética de estos importantes sectores que tienen que reducir su dependencia energética y mejorar su competitividad.

Finalmente, durante 2022 el Gobierno aprobó dos líneas de ayudas directas a la industria gasintensiva por importe de 125 millones y 250 millones de euros, respectivamente.

El Consejo de Ministros ha sido informado del estado de situación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) que se aprobó el 13 de julio de 2021 con una inversión del sector público de 4.295 millones de euros. Hasta el momento se han autorizado convocatorias por valor de 2.069 millones de euros, lo que supone el 50% de los fondos previstos. Respecto a los fondos de las convocatorias resueltas, un total de 1.304 millones de euros ya están a disposición de los usuarios finales.

Este PERTE VEC se ha convertido en un instrumento fundamental para hacer de España un referente global en electromovilidad y foco de atracción de nuevas inversiones que refuercen la cadena de valor de nuestra industria del automóvil, apostando por una movilidad sostenible, conectada y segura. Con este proyecto estratégico el Gobierno de España quiere reforzar la autonomía estratégica, la modernización, la descarbonización y digitalización de nuestro sector de la automoción con el objetivo de crear en España el ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación completa de vehículos eléctricos y conectados a la red.

Línea de actuación integral para el desarrollo y la fabricación del VEC (MINCOTUR)

El 18 de marzo se publicó la Orden ICT/209/2022 por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La primera convocatoria se ha resuelto con ayudas a 10 proyectos por valor de 794 millones de euros, de los cuales 526 millones de euros son subvenciones y 268 millones de euros son préstamos, con el siguiente desglose:

A continuación, la distribución autonómica de estas ayudas públicas.

Plan Tecnológico De Automoción Sostenible (CDTI)

En la convocatoria del Programa de Automoción Sostenible se han aprobado 11 proyectos en consorcio, con 68 empresas participantes, con una subvención concedida de 40 millones de euros y un presupuesto total de 75,2 millones de euros. La resolución definitiva se publicó el 23 de diciembre de 2021.

Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) (MINTERD)

Las bases reguladoras se han publicado en el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La dotación inicial asciende a 400 millones de euros ampliables a 1.200 millones, según Conferencia Sectorial de Energía de fecha 23 de noviembre de 2022.

El objetivo del plan es promover adquisición de vehículos eléctricos y despliegue de infraestructura de recarga, mediante dos tipos de actuaciones: la adquisición de vehículos y la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Las convocatorias estarán vigentes hasta 31/12/2023.

Hasta el momento se ha asignado a las CCAA un total de 674 millones de euros de financiación, aunque se esperan recibir solicitudes de ampliación de presupuesto durante 2023, de aquellas CCAA que ya han superado los fondos asignados. La distribución por CCAA del presupuesto asignado es la siguiente:

MOVES Proyectos Singulares II (IDAE)

Las bases reguladoras se han aprobado por la Orden TED/800/2021, de 23 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES Proyectos Singulares II), y la convocatoria se ha efectuado por Resolución de 20 de septiembre de 2021, del IDAE.

Los objetivos del plan son los proyectos de desarrollo tecnológico en movilidad eléctrica para promover el salto tecnológico hacia el vehículo eléctrico y de pila de combustible, mediante las siguientes actuaciones:

La dotación para la primera convocatoria, publicada en 2021 asciende a 100 millones de euros y se han financiado 82 expedientes por valor de 90 millones de euros. La dotación para la segunda convocatoria, publicada en 2022, asciende a 264 millones de euros. Respecto al estado de avance de la 2ª convocatoria, se han presentado 279 proyectos, con una ayuda solicitada que asciende a 333.378.866 euros. Actualmente se están valorando los proyectos presentados.

El Consejo de Ministros ha aprobado las obligaciones que se imponen al operador postal Correos y Telégrafos, en su condición de prestador del servicio postal universal, para todos los procesos electorales que puedan convocarse durante este año 2023.

El acuerdo contempla las obligaciones del operador para facilitar y asegurar el voto por correo de los electores residentes en España, de los electores residentes ausentes, de los electores temporalmente ausentes, del personal embarcado, del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil embarcado o en situaciones opcionales vinculadas a la Defensa Nacional, así como de los internos en centros penitenciarios.

Además, el acuerdo regula las condiciones para los envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral y los dirigidos a las personas designadas como miembros de mesa, la recogida de la documentación electoral en la mesa y los envíos de propaganda electoral.

Todas estas obligaciones deberán llevarse a cabo, con carácter general, entre el día en que se publique la convocatoria de las elecciones y los cien días siguientes a la votación. La gestión y distribución de los envíos electorales tendrá carácter preferente respecto al resto de los envíos postales.

El acuerdo aprobado este martes es idéntico al de años anteriores salvo en lo referido al importe de las tarifas que, a instancias de Correos, van a tener una subida de un 4,28 por ciento para las selecciones locales y de un 4,45 por ciento para las elecciones generales. Este incremento en el gasto, algo más de 5,3 millones de euros, será asumido por la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior.

El Consejo de ministros ha aprobado el acuerdo por el que España y el Reino Unido procederán al reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción así como al intercambio de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.

Este convenio pone fin a las sucesivas prórrogas aplicadas para el canje de permisos entre ambos países que se había estado aplicando desde la finalización del período transitorio previsto en el Acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

A partir de ahora, los titulares de un permiso de conducción válido y en vigor expedido por cualquiera de los dos Estados podrán solicitar el canje de su permiso de conducir equivalente donde haya fijado su residencia, sin estar sujeto a ningún requisito adicional de prueba práctica o teórica y de acuerdo con las tablas de equivalencia entre las categorías de permisos de ambos países.

El acuerdo establece que se podrán canjear todos los permisos o licencias válidos de los actuales residentes expedidos con anterioridad a su entrada en vigor, mientras que para los permisos expedidos con posterioridad a dicha entrada en vigor será requisito indispensable para acceder al canje que los permisos hayan sido expedidos en el país donde el solicitante tuviera su residencia legal.

Con este pacto, aquellos ciudadanos británicos residentes en España que no habían realizado el reconocimiento de su permiso de conducir antes del Brexit, ni en las sucesivas prórrogas otorgadas, podrán hacerlo a partir del jueves 16 de marzo.

Para facilitar la tramitación administrativa en las jefaturas provinciales de tráfico, se ha concedido un periodo de seis meses durante el cual los ciudadanos británicos pueden circular por España con su permiso original mientras tramitan el canje.

Además, España y Reino Unido se comprometen a proporcionarse información sobre los datos de los vehículos y sus titulares a efectos de investigar infracciones de tráfico relacionadas con la seguridad vial, en especial en los supuestos de exceso de velocidad, no usar el cinturón de seguridad, no detenerse ante un semáforo en rojo, conducir en estado de embriaguez, conducir bajo los efectos de las drogas, no usar un casco de protección, circular por un carril prohibido o uso ilegal de teléfonos móviles.

El Consejo de Ministros ha autorizado el nuevo contrato de los viajes del Imserso para la próxima temporada 2023/2024. Los nuevos viajes, que suponen un aumento de 70.000 plazas respecto a la temporada anterior, contarán con más y nuevos destinos, así como mejoras en la calidad de los viajes centradas en las preferencias de las personas mayores usuarias. El valor estimado para el próximo contrato será de unos 300 millones de euros, un 14% más respecto al anterior.

Para esta nueva licitación planteada por el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha llevado a cabo un proceso consultivo con los órganos de representación de las personas mayores para que sus preferencias se encuentren en el centro de los nuevos contratos. Asimismo, se ha trabajado con el sector turístico y hotelero para refrendar la idoneidad de esta nueva propuesta.

Para velar por los elementos centrales de estos nuevos viajes como la calidad o la variedad, se llevarán a cabo un mayor control de cumplimiento de los compromisos a través de auditorías y se destinará el aumento de plazas a la modalidad de turismo de escapada, donde más crece la demanda entre las personas mayores.

Concretamente, todas las capitales de provincia formarán parte de los viajes de Turismo Social, y además se ampliará la variedad de la oferta con la creación de 10 circuitos culturales en las provincias de Albacete, Almería, Ávila, Cáceres, Castellón, Girona, Lleida, Tenerife y Toledo, y se incorporan 19 nuevas rutas de naturaleza, entre las que se incluyen Sierra Nevada, el parque natural de las Médulas, el parque natural de las hoces de Daimiel, la Ribeira Sacra o el Valle de Leitzarán. Otra novedad serán los itinerarios con temática cultural para los que se destinarán más de 1.000 plazas. Podrán ser itinerarios literarios de importancia, musicales, teatrales o gastronómicos en zonas de especial interés cultural en nuestro país.

También se incorporarán a la nueva licitación elementos expresados por las personas mayores como el aumento de las plazas con alojamiento en habitación de uso individual y se agilizará la tramitación de los viajes implementando el registro electrónico para que los usuarios y usuarias puedan acreditarse en el alojamiento mostrando tan sólo su documento de identidad.

Por otro lado, se mantendrán aspectos cruciales de los viajes como el equilibrio interterritorial en la reserva inicial de plazas por origen, para que cualquier persona pueda acceder a cualquier viaje con independencia de su localidad de origen o el cuidado por asegurar la accesibilidad de los alojamientos y la seguridad médica.

En esta nueva temporada, se continuará garantizando la promoción del envejecimiento activo y la lucha contra la soledad, a la vez que se apostará por una mayor diseminación de la riqueza que el programa genera en el conjunto del territorio.

Tras la autorización del Consejo de Ministros, el nuevo contrato será publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público en los próximos días, abriéndose el plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas.

El Instituto de la Juventud (INJUVE) es miembro de la Asociación del Carnet Joven Europeo (EYCA, por sus siglas en inglés) para España, desde su fundación en 1987. La EYCA es una asociación internacional sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es desarrollar el sistema de carnet joven europeo, como herramienta para promover la movilidad y la ciudadanía activa de todos los jóvenes europeos de hasta 30 años.

Aunque la competencia en materia de juventud y, por tanto, del carnet joven es autonómica, por acuerdo de las comunidades autónomas con el INJUVE, la representación de todo el territorio español en esta organización se asume a nivel estatal por el Instituto de la Juventud.

España, como miembro de la EYCA debe satisfacer su correspondiente cuota de pertenencia a dicha asociación, según se establece en sus estatutos y reglamento interno. Dicha cuota, se calcula según la estimación de carnets en circulación a 31 de diciembre del año correspondiente a la contribución.

El número de carnets en el año 2023 en España es de 2.300.528 titulares. Por encima de 500.000 titulares, el reglamento interno fija la contribución máxima a la asociación en 50.000 euros.

En los últimos cinco años, entre 2017 y 2022, la cuota de pertenencia a la asociación se ha situado en el máximo de 50.000 euros anuales.

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria, correspondiente al año 2023, de la concesión de las acreditaciones y ayudas públicas de Centros de Excelencia Severo Ochoa y de Unidades de Excelencia María de Maeztu asociadas a dichas acreditaciones, por importe de 72.750.000 euros.

Esta convocatoria tiene como objetivo impulsar la calidad, la relevancia y el impacto internacional de la investigación realizada en España y potenciar el fortalecimiento institucional de los centros y unidades de excelencia existentes en nuestro país, así como su efecto tractor sobre el conjunto del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para ello, se reconoce a dichos centros y unidades a través de un proceso competitivo basado en estándares internacionales, que recibirán adicionalmente financiación para las actuaciones incluidas en sus planes estratégicos o programas estratégicos de investigación de frontera.

Estas actuaciones tienen por finalidad el fortalecimiento institucional y la potenciación de la proyección internacional de los centros y unidades de investigación, pertenecientes o participadas por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, existentes en España y que destaquen por la relevancia e impacto de sus resultados a nivel mundial.

En este sentido, la convocatoria promueve la acreditación de centros de investigación como «Centro de Excelencia Severo Ochoa» y la financiación de sus planes estratégicos, así como la acreditación de unidades de investigación como «Unidad de Excelencia María de Maeztu» y la financiación de sus programas estratégicos de investigación.

Asimismo, se financiarán actuaciones encaminadas a la formación de personal investigador predoctoral asociadas a líneas prioritarias de investigación que se desarrollen en los planes y programas estratégicos.

La finalidad de estas actuaciones es la formación de nuevos doctores mediante la realización de una tesis doctoral asociada a una línea prioritaria de las previstas en el plan o programa estratégico financiado en esta convocatoria, incluyendo la financiación de los costes de contratación del personal investigador predoctoral, de las estancias en centros de I+D y de los gastos de matrícula derivados de las enseñanzas de doctorado. En el marco de las actuaciones, se financiará un periodo de orientación postdoctoral, una vez obtenido el título de doctor/a, destinado al perfeccionamiento y especialización profesional de este personal investigador.

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza al Instituto de Salud Carlos III la convocatoria de ayudas, correspondiente al año 2023, de la Acción Estratégica en Salud (AES) Integrada en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, por importe de 144.266.898,00 euros.

La AES es la principal herramienta para financiar la investigación biomédica y sanitaria en España. Este programa concede ayudas para la realización de contratos y proyectos de investigación para impulsar el desarrollo de la I+D+I en salud en España y la carrera de la comunidad investigadora en este ámbito.

Las actuaciones de la AES tienen como finalidad responder a las prioridades en salud de la ciudadanía, tanto en los aspectos preventivos, diagnósticos, curativos, rehabilitadores y paliativos de las enfermedades como en la generación de evidencia científica, como una de las bases de la calidad asistencial y preventiva del SNS y de las empresas relacionadas con el sector, jugando un papel clave en la vertebración del sistema público de I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud.

El Instituto de Salud Carlos III se configura como agente gestor y financiador de las actuaciones de la AES, que tiene como misión contribuir a mejorar la salud de toda la ciudadanía por medio de la ciencia y la generación de conocimiento, y entre sus funciones se incluyen el fomento y la coordinación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación dirigidas a proteger y mejorar la salud.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que refuerza la protección de las personas jugadoras más vulnerables y obliga a los operadores a crear entornos de juego más seguros.

Esta nueva normativa tiene como objetivo minimizar los comportamientos de juego de riesgo o intensivo que pueden derivar, en los casos más extremos, en conductas problemáticas o patológicas.

Una de las poblaciones diana del Real Decreto son los jóvenes de entre 18 y 25 años, particularmente sensibles a mensajes y patrones de juego inadecuados, aunque la norma también reforzará la protección de otros perfiles vulnerables. Es el caso de quienes ya tienen comportamientos de juego intensivo o de riesgo.

Como regla general, se considerará que están en la categoría de juego intensivo las personas que acumulen pérdidas netas iguales o mayores a 600 euros (se limita a 200 euros en el caso de los menores de 25 años) en un plazo de tres semanas seguidas.

También forman parte del colectivo de especial protección y vulnerabilidad de la nueva norma quienes han solicitado restricción en el acceso a su cuenta de juego (autoexcluidos) y quienes se han inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (autoprohibidos).

No obstante, el Real Decreto contempla medidas de protección general para las personas jugadoras en sentido amplio, con independencia del riesgo de sus comportamientos de juego.

Se trata, en definitiva, de garantizar un marco de políticas de protección ante los riesgos del juego a nivel estatal que prevenga comportamientos problemáticos y aumente la supervisión y control de los operadores. De hecho, las empresas del sector estarán obligadas a promover pautas de consumo saludable y a minimizar la aparición de daños en la esfera personal, familiar y patrimonial de las personas jugadoras.

Se desarrollan estas medidas tras el Real Decreto que reguló la publicidad de juegos de azar y apuestas y que ha conseguido frenar la entrada de nuevos jugadores. Sin embargo, para proteger a quienes ya están dentro del mercado y juegan activamente, el Gobierno ha desarrollado el nuevo Real Decreto que, además, supone un cambio de paradigma en la concepción del juego. Así, se pasa de un enfoque individualista centrado en que la persona jugadora es la única responsable de su juego a uno nuevo, de carácter proteccionista, que hace responsable de los riesgos de los juegos de azar y apuestas a las empresas.

Medidas de especial protección

Entre las nuevas obligaciones de los operadores dirigidas a proteger a las personas vulnerables, destacan la remisión de un mensaje específico que alerte de la conducta de riesgo detectada o el envío de un resumen mensual de su actividad de juegos. Además, los jugadores en situación de riesgo no podrán utilizar tarjetas de crédito mientras mantengan esa dinámica (sólo podrán utilizar medios de pago nominativos y de su titularidad).

A los jugadores vulnerables también se les excluirá de actividades de promoción y de la lista de clientes privilegiados. Es decir, ya no se les podrán ofrecer condiciones mejoradas o más ventajosas para fomentar su nivel de juego.

Los operadores, asimismo, pondrán en marcha medidas de refuerzo para las personas jugadoras vulnerables como fijar una interacción específica con ellas y conseguir su respuesta en un plazo máximo de 72 horas. En caso de que no haya respuesta por parte de los jugadores con comportamiento de riesgo, el operador deberá suspender la cuenta.

Por otro lado, las empresas tendrán prohibido enviar a los jóvenes de entre 18 y 25 actividades promocionales cuyo objeto sea ajeno a la actividad de juego desarrollada en la web o plataforma. Por ejemplo, invitaciones a partidos, entradas para espectáculos. Tampoco podrán incluirlos en programas vip de fidelización.

Los operadores están obligados a informar a los participantes jóvenes de que comenzar a jugar a edades tempranas está asociado a un mayor riesgo de desarrollar trastornos asociados con los juegos de azar y apuestas o ludopatía.

Las personas autoexcluidas y autoprohibidas tampoco recibirán comunicaciones comerciales y, en el caso de los participantes que se inscriban en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), tendrán prohibido el acceso a sus cuentas, depósitos y participaciones en un plazo máximo de 48 horas.

Los operadores también tendrán que suscribirse al servicio de alerta antipishing de la Dirección General de Ordenación del Juego para controlar que las personas con conductas de riesgo no vuelvan a jugar suplantando la identidad de otro jugador o jugadora.

Servicio telefónico de asistencia y sanciones ejemplares

Con carácter general para todas las personas participantes en juegos de azar y apuestas, las empresas del sector tendrán que incluir en sus respectivas webs y aplicaciones información sobre la prohibición de jugar a menores de edad, los posibles riesgos del juego, los trastornos asociados y cómo obtener asistencia al respecto.

De hecho, será obligatorio que cuenten con un servicio telefónico de asistencia y ayuda para comportamientos de riesgos y este no podrá ser de tarificación especial. Las empresas del sector, asimismo, tendrán que formar específicamente a una persona para que sea la responsable de la supervisión de las medidas de protección de jugadores.

Adicionalmente, y a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, tampoco podrán emitir mensajes como "casi acertaste" o "estuviste cerca" para propiciar una nueva apuesta o juego al terminar una partida. Y, para que los jugadores sean conscientes de cómo están jugando y gastando, tendrán que enviarles informes mensuales sobre sus patrones de juego (frecuencia, cuantías, modificaciones en los límites de depósito…).

Otra novedad es que las personas que inicien sesión para jugar a los denominados juegos de lotería instantánea o presorteada deberán establecer de antemano el tiempo máximo y la cuantía a jugar, sin posibilidad de ser modificada durante el transcurso de la misma.

El incumplimiento de las medidas contempladas en el Real Decreto serán objeto de sanción por parte del Ministerio de Consumo. Para las infracciones graves las multas ascienden hasta un millón de euros y pueden acarrear la suspensión de la licencia de juego durante seis meses. En el caso de las muy graves, las sanciones se elevan hasta los 50 millones de euros y pueden llevar aparejada la pérdida de la licencia de juego.

La entrada en vigor general de la norma es de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a excepción de ciertos artículos que, por la especial complejidad en los desarrollos tecnológicos que implican, tendrán un plazo de 12 meses.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

Se han aprobado nuevos títulos de Grado en universidades españolas. Mediante este acuerdo se establece el carácter oficial y validez en todo el territorio nacional de un total de diez títulos de Grado.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

Se han aprobado nuevos títulos de máster en universidades españolas.

Mediante este acuerdo se establece el carácter oficial y validez en todo el territorio nacional de un total de quince títulos de Máster.

Directora General de Agenda Urbana y Arquitectura

Dª. NURIA MATARREDONA DESANTES

Nuria Matarredona Desantes es arquitecta, docente e investigadora. Doctora Cum Laude con Mención Internacional por la Universitat Politècnica de València. Tesis galardonada con Premio Extraordinario 2018. Tiene un máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico y ha sido investigadora visitante en centros de prestigio como Harvard University, University of Pennsylvania, Universidad Nacional Autónoma de México, Politécnica de Madrid o Universidad San Carlos de Guatemala, entre otros. Ha participado en más de una decena de proyectos de investigación financiada competitivamente en ámbito nacional e internacional y responsable de más de una veintena de publicaciones científicas de impacto y ponente en diversos foros especializados.

Su práctica profesional se ha orientado a la gestión y puesta en valor del patrimonio, promoviendo el diseño de soluciones colaborativas y mecanismos innovadores, especialmente en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Esta labor ha sido reconocida como con el galardón MoCOPA UPV a su trayectoria y como finalista de la BEAU en 2016.

En 2019 se incorporó a la Generalitat Valenciana como jefa de la Unidad Técnica del Servicio Territorial de Infraestructuras Educativas. Actualmente es responsable de la Dirección General de Innovación Ecológica en la Construcción de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura de la Generalitat Valenciana, desde donde impulsa la transferencia de conocimiento y el desarrollo de políticas públicas en materia de arquitectura sostenible. Ha coordinado iniciativas como la 'Guía Verde de Medidas Medioambientales para la contratación pública ecológica de edificación', reconocida como Best Practice por el Comité Europeo de las Regiones en el ámbito del Pacto Verde Europeo, el diseño participativo de la 'Estrategia de Digitalización para la Sostenibilidad BIM de la Generalitat Valenciana o el pionero proceso de compra pública de innovación para dotar de espacios exteriores a viviendas prexistentes.

Además, ha sido responsable de la gestión del emplazamiento propuesto por la Generalitat Valenciana en el certamen Europan o la puesta en marcha de programas de ayuda como Pla Irta de innovación aplicada para la transición ecológica de la arquitectura o Plan Verdea de fomento de soluciones basadas en la naturaleza para la renaturalización del entorno construido

Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid (España)

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